El ordenamiento territorial, al igual que la planeación del desarrollo de las urbes, es un proceso de largo plazo y la participación en esta implica una serie de derechos y deberes por parte de la ciudadanía y del gobierno. Esos derechos y deberes, tanto de los ciudadanos como del gobierno, se enmarcan en los mecanismos de participación ciudadana producto del cambio de visión democrática que se determinó en la Constitución como una democracia participativa, distinta a la perspectiva tradicional de la democracia representativa del siglo XX.
A diferencia de la democracia representativa del pasado, en la cual el ciudadano participa en el momento de las elecciones y entrega al elegido la responsabilidad de manejar los asuntos públicos según su criterio, sin hacer parte de la toma de decisiones. La democracia participativa parte de la premisa de la contribución organizada, permanente y continúa del ciudadano que discute programas, objetivos, políticas y decisiones. De esta forma, el ciudadano ya sea de forma individual o grupal ejerce vigilancia, control y seguimiento sobre la acción del gobernante.
Es el artículo 40 de la Constitución de 1991 reglamenta el derecho a participar de todos los ciudadanos. El presente documento analiza los distintos mecanismos de participación, destacando sus ventajas y desventajas, para llegar a la conclusión de que se debe fortalecer para tener una democracia participativa real.
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